LAS FOTO MULTAS EN LA
CIUDAD DE MEDELLÍN
Tatiana Brito Mejía
Mistery Shopper Corner
La Republica
Como consumidora de la infraestructura del país y cliente del Estado
porque me provee un servicio al cual tengo derecho, quiero hacer un llamado de
atención a la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín que está atacando
al comprador del producto y no al consumidor de este.
El día 2 de enero de 2012 estaba de vacaciones en la ciudad de
Medellín con el carro de mi madre comprado y matriculado en la ciudad de
Armenia, Quindío. Fui de compras al Centro Comercial Mayorca y tomé la Avenida
Regional caracterizada por no tener cogestión de carros. El lunes 16 de enero
de 2012 llegó a mi casa en la ciudad de Armenia un comparendo electrónico de la
Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín donde se especificaba que la
infracción fue debido a que conducía en exceso de velocidad mostrando que la
velocidad permitida es a 60km/h y la velocidad medida fue 73km/h.
Al realizar las respectivas averiguaciones del curso y pago de la
multa con la Secretaría de Transportes y
Tránsito de Medellín, me informan que tengo un descuento del 50% dentro de los
11 días hábiles siguientes a la recepción, pagando únicamente $141.700 pesos y
el pago sin descuento después de cumplidos los 26 días hábiles siguientes a la
recepción, es de $283.400. Adicional a esto, sólo se aplica el descuento si el
ciudadano se inscribe y asiste a un curso de educación vial.
¿Cómo es posible que siendo yo la infractora, el curso lo debe hacer
la propietaria del carro que en este caso es mi mamá y todo lo debe hacer en la
ciudad de Medellín siendo Armenia la ciudad donde el carro está matriculado?.
Me parece injusto.
Hago un llamado de atención a la Secretaría de Transportes y Tránsito
de Medellín porque parten
del supuesto que el comprador es quien consume el vehículo pero este
es un bien que se presta para ser consumido por múltiples personas y la ley
funciona, en este caso, para el comprador y no para el consumidor.
El Estado debe proveer herramientas para que los consumidores sean
quienes resarzan sus faltas puesto que en últimas es el propietario del
vehículo quien debe asistir a los cursos de educación vial y el consumidor
realmente no tiene una lección aprendida, cometiendo así el Estado una doble
“injusticia” pues sanciona monetaria y moralmente a quien no lo merece, si eso
puede ser catalogado como una injusticia y no resuelve el problema de fondo,
sino que simplemente sanciona por sancionar sin importar a quien. Parece que
aplica la filosofía de hacer el mal sin saber a quien.
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